Podremos discrepar, pero no cruzar esa línea
España es un país de contrastes.
Aquí caben sensibilidades distintas, ideologías enfrentadas, debates intensos.
Podremos ser conservadores o progresistas, monárquicos o republicanos, liberales o socialdemócratas.
Pero hay una frontera que no debemos traspasar.
Nuestra historia es compleja. Conocimos una dictadura bajo Francisco Franco. Vivimos una guerra civil que dejó heridas profundas. Y, como toda Europa, fuimos testigos del horror desatado por el régimen de Adolf Hitler y el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, cuyo proyecto político culminó en el genocidio y la destrucción masiva.
El nazismo no fue solo una ideología autoritaria más.
Fue un sistema basado en la supremacía racial, el exterminio y la negación absoluta de la dignidad humana.
España, hoy, es otra cosa.
Nuestra convivencia se sustenta en la Constitución Española de 1978, que proclama la dignidad de la persona, los derechos fundamentales y el pluralismo político como pilares del Estado.
Discrepar es legítimo.
Debatir es sano.
Defender ideas con firmeza es parte de la democracia.
Pero justificar el odio racial, trivializar el exterminio o coquetear con símbolos totalitarios no es una opción compatible con el marco democrático.
La democracia permite la confrontación de ideas;
no ampara la negación de la humanidad del otro.
España puede tener tensiones, puede tener memoria dolorosa, puede tener desacuerdos profundos. Pero su marco jurídico y moral actual rechaza el totalitarismo racial y el antisemitismo.
La fortaleza de una nación no se mide por la uniformidad, sino por su capacidad de mantener límites éticos claros.
Y uno de esos límites es inequívoco:
nunca más el odio convertido en sistema.
nunca más la exclusión convertida en doctrina.
nunca más la deshumanización como política.
Podremos pensar distinto.
Podremos votar distinto.
Podremos imaginar modelos de Estado distintos.
Pero la dignidad humana no es negociable.
